La bronca del pueblo contra el impuesto a las casas

El Ing. Felizardo considera que “hay materia suficiente de delitos contra los intereses de Minero” y que por tanto “el alcalde debería meterse preso él mismo”. Luis Zabala, director de una radioemisora FM local, observa que “todos los actores del caso de las chatarras hoy están trabajando en la Alcaldía” pese a que, según dice, “todos ellos tienen [acusación formal]”.

El 3 de febrero manifestantes rodean el Palacio Municipal pidiendo la anulación del “impuestazo”

y amenazando con “otro Yapacaní”. La cosa no pasó de ahí, pero la mecha quedó encendida.

El tema de los impuestos acorrala en estos días a la alianza municipal MIR-MNR-MAS. Ya hubo un primer intento de derrocar al alcalde Freddy Rivero cuando el 3 de febrero centenares de manifestantes se congregaron frente al Palacio Municipal para pedir la anulación de la ordenanza municipal 030/2011 que establece una nueva tabla de valores sobre los terrenos y viviendas ubicados en el municipio de Minero.

Aquella vez los manifestantes fueron “recibidos” por los empleados municipales que se encontraban atrincherados junto al alcalde en las puertas del edificio comunal. Hubo un amago de enfrentamiento cuando los grupos de choque empezaron a repartir patadas y puñetes, aunque la cosa no pasó de ahí.

Días atrás agentes masistas vinculados a Zenón Soto se habían encargado de distribuir fotocopias de las tablas mencionadas en la zona este del pueblo. También hubo reuniones en la sede de la línea de truffis Avaroa donde los disidentes del MAS se expresaron en contra del “impuestazo”. Las reuniones eran comandadas por Isidoro Aguirre Cari, ex militante del grupo guerrillero UCAPO (Unión de Campesinos Pobres).

En una de esas reuniones el secretario ejecutivo de los trabajadores de Unagro, Willy Llanos, se comprometió con reparos a participar en la marcha del 3 de febrero. Sin embargo, los obreros del ingenio azucarero al final no aparecieron en la marcha. Según trascendió, un influyente senador del Movimiento al Socialismo habría intervenido para frenar a Llanos tras arduas gestiones del propio alcalde.

“Hemos evitado que pase lo de Yapacaní”, diría después Llanos, quien jura que decidió no participar en la marcha por convicción ideológica. “Si Unagro iba a la marcha no sé qué hubiera pasado ese día”, añade.

La intentona golpista pudo ser frenada, pero el sector disidente del MAS parece decidido a acortar el mandato de Freddy Rivero. Y en ese afán se está aliando con todo aquel que esté buscando lo mismo.

El 23 de marzo en el local Harold, que irónicamente pertenece al sindicato fabril de Willy Llanos, unas cincuenta personas se reúnen para debatir sobre los alcances de la ordenanza municipal 030/2011. La mayoría de los presentes son masistas radicales que se oponen a la alianza municipal MIR-MNR-MAS. La exposición técnica está a cargo del Ing. Felizardo Joaquín Cruz, secundado por el Dr. Julio Sucre y el periodista Luis Zabala Farel. También se nota la presencia del Dr. Wilton Montaño y de Isidoro Aguirre.

Felizardo, enemigo acérrimo del alcalde, pone algunos ejemplos con los que intenta demostrar el impacto del nuevo impuesto a las casas, saliendo en defensa del colegio Dallas’s School, que de ochocientos bolivianos que pagaba ahora pagará más de 30 mil bolivianos, según sus cálculos. La mayoría de los presentes no entiende las complicadas fórmulas que se utilizarán para determinar el nuevo impuesto. En el caso de cierto mototaxista, según Felizardo, el impuesto a pagar subirá de 39 a 112 bolivianos.

El ex oficial mayor aprovecha la ocasión para denunciar los males que, en su criterio, aquejan al municipio. “Para aumentar impuestos primero tiene que haber plusvalía y para generar plusvalía tiene que haber obras. En Minero no hay obras, no hubo obras en 2011. El pueblo está una desgracia; es el pueblo más sucio y desordenado”, sostiene.

“Hay muchos delitos que se han cometido [en esta gestión] que deben ser investigados”, asegura el ex oficial mayor. “En la ciudad de Santa Cruz la presidenta del Concejo, Desirée Bravo, fue suspendida por un delito [menor]. Aquí hay materia suficiente de delitos contra los intereses del municipio de Minero. El alcalde debería meterse preso él mismo; no puede seguir siendo alcalde”, insiste el profesional y remata: “La Contraloría y la Fiscalía ya debían haber intervenido”.

Ñoño, militante masista vinculado al concejal opositor Límber Guamán, propone que se recolecten firmas para anular la ordenanza. “Es una locura lo que está pasando en Minero y no seré cómplice de ello”, dice a su vez Neil Vargas, presidente paralelo de Barrio Lindo. “Esto es un saqueo al pueblo y no lo debemos permitir”, dice Mario Mora. Por su parte el disidente masista Félix Choque acusa al presidente del Comité de Vigilancia, Gerardo Villarroel, de ocultar un pronunciamiento público de las OTBs en contra de la ordenanza 030/2011. “Tenemos que hacer algo y urgente contra [este impuestazo]”, complementa Teófilo Mamani.

Luis Zabala interviene trayendo a colación el caso de las maquinarias chatarras. “Nos metieron maquinarias viejas por nuevas. Hicieron una resolución municipal por 249 mil dólares y las maquinarias costaban 111 mil dólares, o sea que se embolsicaron 137 mil dólares. Y todos tienen auto de procesamiento, que es lo mismo que acusación formal. Pero hoy todos los actores del caso de las chatarras están trabajando en la Alcaldía, solo falta Juan Carlos Durán. Espero que este ejército [contra el nuevo impuesto] siga creciendo. Ya es hora de que nos unamos para defender al pueblo”.

El radialista asegura que por denunciar estas cosas a principios del 2011 fue alojado en Palmasola por supuesta instigación a delinquir durante el saqueo de los edificios de la Policía. “Fue un juicio fabricado porque incluso compraron las conciencias de algunos administradores de justicia”, sostiene.