Abogado de la Alcaldía anuncia inminente audiencia cautelar para Braulio Mamani y otros seis imputados

El Dr. Lijerón informaba mientras algunos concejales se dedicaban a atender visitas.

El Dr. Pablo Lijerón asegura que existen suficientes elementos de convicción para una sentencia condenatoria pero pide recursos económicos para que la Fiscalía efectúe un peritaje a tres obras que en 2008 quedaron paralizadas. “Aquí hubo malversación de fondos, ¿para qué queremos peritaje?”, cuestiona el concejal del Movimiento al Socialismo.

El abogado penalista Pablo Lijerón anunció que en no más de dos semanas se instalará una audiencia cautelar para siete imputados por diversos delitos económicos en la investigación de la paralización de las obras del estadio de fútbol, el coliseo municipal y el microhospital de San Lorenzo del 4. Entre los imputados figuran el ex alcalde Braulio Mamani, su oficial mayor y su director de obras públicas, dos empresarios, el supervisor de dos de esas obras y la propietaria de una aseguradora.

El daño económico al Estado alcanza a la suma de Bs 4.548.600, además de otro medio millón por concepto de una póliza de garantía que habría incumplido la financiera Seguros y Reaseguros “24 de Septiembre”.

El pasado miércoles los abogados de la Alcaldía informaron al Concejo Municipal sobre el estado de los juicios que lleva adelante el municipio; en esa reunión estaban todos los munícipes menos el emenerrista Ruddy Rodríguez.

Ahí los concejales fueron informados sobre trece procesos judiciales, siendo el Dr. Lijerón el patrocinante de los tres casos arriba mencionados. En una planilla que hizo llegar el ejecutivo municipal aparece también el proceso que la Comuna le sigue al periodista Luis Zabala, pero extrañamente no aparece el juicio de las maquinarias chatarras. Eso sí, se da por “fenecido” el juicio que la empresa emenerrista Verzé le ganó a la alianza municipal UCS-MNR-MAS y que le benefició con cerca de 800 mil bolivianos por la paralización de la circunvalación oeste, una obra que hoy está totalmente destruida. Y están los dos juicios entablados por la AFP Previsión por más de 100 mil dólares, así como sendas demandas laborales interpuestas por dos empleadas masistas que fueron despedidas por la nueva administración municipal.

“Estamos ya en la etapa final del proceso preparatorio. La fiscal Yolanda Aguilera ha imputado a siete querellados. Braulio Mamani y Freddy Boland tienen responsabilidad penal por haber emitido cheques a favor de la empresa ServiComputer sin la aprobación del supervisor”, informó el abogado.

Lijerón calcula que en una o dos semanas viene la audiencia cautelar, con lo cual comenzará formalmente el juicio contra los siete imputados.

El profesional dijo también que en los próximos días vendrá a Minero un equipo de peritos para “escanear” los documentos y la infraestructura física y que el costo de ese trabajo deberá asumirlo la Alcaldía. Al respecto los dos concejales de la oposición dijeron que apoyarán esos desembolsos económicos.

La etapa preparatoria ya llevaría dos años y seis meses. De acuerdo al Dr. Lijerón, los tres casos mencionados han tenido que atravesar por un verdadero laberinto jurídico no exento de una secante chicana político-legal. Incluso el juez local habría contribuido a esa retardación. “Nos han cambiado a seis fiscales, nos han cambiado a los jueces, esto es así, [en el sistema judicial] hay influencias, hay tentaciones, pero gracias a Dios hemos terminado la etapa preparatoria”, se justificó el abogado.

El concejal del MAS, Valerio Rodríguez, manifestó su enfado por la retardación de justicia. “Ex alcaldes y ex oficiales mayores causaron daño a este municipio y todavía fueron sinvergüenzas y candidatearon en las elecciones y el pueblo confió en ellos porque la justicia no les hace nada… y aquí la malversación de fondos que hubo, es harta plata. Estoy hablando del ex alcalde Braulio Mamani y aquí está su concejal Límber Guamán”, dijo el honorable Rodríguez que por tal motivo pidió plazos para que de una vez se dicte una sentencia.

El Dr. Lijerón respondió que lo mejor que podían hacer los concejales era aprobar los recursos económicos para el peritaje. “Eso es lo que va a dar la prueba suficiente para continuar con el proceso hasta llegar a sentencia final. Pero en materia procesal hay sorpresas tremendas, si uno se confía solamente en una prueba termina perdiendo”, añadió, precisando que una vez instalado el juicio la sentencia no debería tardar más de seis meses.

Tras ello el concejal Guamán se mostró partidario de “acelerar” el proceso y enfatizó que “aquellas personas que le hicieron daño al pueblo tienen que pagar”. Pero su colega de la agrupación ciudadana ASIP, Darwin Flambury, pidió cautela antes de emitir juicios de valor sobre cualquiera de los imputados.

“Aquí hubo malversación, aquí no hay que esperar ningún peritaje”, dijo furioso Wicho.

Flambury añadió: “Lo que queremos es que se esclarezcan estos casos de corrupción. Pero a mí me gustaría que también se haga seguimiento a cada una de las obras que se están ejecutando en esta gestión”. Y reiteró que aprobará recursos para el peritaje que pedía el Dr. Lijerón.

Por último la presidenta del Concejo, Prof. Fátima Egüez, preguntó al abogado a qué casos se estuvo refiriendo a lo largo de toda la exposición.