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Foto
del 20/12/2006. Se hunden prematuramente las losetas del Programa
de
Mejoramiento del Barrio Progreso. El problema ha estado sin solución
hasta
el día de hoy, con lo cual se probaría que no se hizo
ninguna
obra adicional en esa zona.
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El
16 de marzo de 2007 el FNDR desembolsó un crédito de 58.309,47 dólares a nombre
del Gobierno Municipal de Minero para una obra adicional en el Proyecto de
Mejoramiento del Barrio Progreso, pero, según el contrato, el pago se habría
efectuado directamente a la cuenta de una empresa constructora, sin embargo, la
solicitud formal (que debería haber incluido la respectiva planilla de avance
de obras y que legalmente debió ser autorizada por el alcalde de ese entonces)
no aparece en los archivos de la
Alcaldía.
Al
menos eso dice un informe firmado por el Lic. José Luis Baspineiro Díaz,
auditor interno de la Comuna y que, según se sabe, obedece al oficial mayor
Osberth Carrillo Arancibia.
Recordar
que en 2006 el ex alcalde Braulio Mamani Conde sacó dicho préstamo con el aval
de una resolución municipal rubricada por Ruddy Rodríguez y Gloria Becerra, sus
aliados de aquel entonces.
“No
se cuenta con el documento de solicitud del [alcalde], tampoco [el FNDR]
identifica a quién fue desembolsado directamente el crédito de 58.309,47
dólares”, señala el auditor que, por tal razón, recomienda que se efectúe una
Auditoría Especial a fin de establecer el destino y uso que se dio a esos
recursos.
El
informe llegó al Concejo recién cuatro meses después de que el abogado masista
Osberth Carrillo hiciera pública la denuncia y, según el fólder entregado por
el auditor, la petición del mismo no fue formulada por el concejal del
MAS-IPSP, Valerio Rodríguez Espinoza, quien teóricamente debería llevar la
batuta en la lucha contra la corrupción en Minero.
De
hecho, tras concluir la sesión ordinaria el 26 de abril pasado, día en que el
órgano delirante debatió el asunto, Wicho
literalmente huyó del hemiciclo con la aparente intención de no exponerse ante
los medios de comunicación pues cualquier vecino se da cuenta de que si se
aplica el código del ama suwa en este
asunto, legalmente no procederá la reelección del presidente del Concejo, cargo
que ejerce el emenerrista Ruddy Rodríguez Calderón, pues así lo establece el
Art. 154 de la Ley Marcelo
“Me
llama la atención el silencio del concejal del MAS en este delicado tema”, dice
al respecto el munícipe Darwin Flambury. Lo mismo se podría deducir de la
posición que asume el otro concejal masista pero del sector disidente, Límber
Guamán, quien parece más interesado en que se dé por cerrado el caso que en
esclarecerlo.
Pero
en política dos más dos no es cuatro y puede que al final la permisividad –por
no decir algo peor– se imponga de nuevo ya que está visto que la aplicación de
esa ley es cuestión de si estás con el senador Isaac Ávalos o con el diputado
Edwin Tupa. Así de simple.
Es
irónico que ambos parlamentarios pertenezcan a las filas del Movimiento al
Socialismo, pero así están dadas las cosas en los tiempos que corren.
Y
esto ocurre a 78 kilómetros de las oficinas de la Fiscalía y del Ministerio
de Transparencia, instituciones estas que hace poco en otro municipio actuaron en
forma fulminante para viabilizar el derrocamiento de un alcalde por algo tan
trivial como el uso indebido de una fotocopiadora pero que, según parece, hasta
ahora no se dan por anoticiadas sobre las cosas que están pasando en municipios
como el nuestro y que, según profesionales como el Ing. Felizardo Joaquín Cruz,
involucran varios millones en moneda nacional.
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