Finalmente convocan a sesión extraordinaria para tratar el asunto del Palacio Consistorial.

Autoridades locales en un evento reciente.

Denuncias de sobreprecio, si se confirmaran, podrían afectar a una de las cabezas del Frente Amplio y, en caso de ser así, el concejal del MAS-IPSP tendría que preguntarse si aún le quedan argumentos legales para seguir sosteniendo la coyuntura actual.

Con los plazos del protocolo totalmente desfasados, el presidente del Concejo, Ing. Ruddy Rodríguez, finalmente ha convocado a sesión extraordinaria para tratar, según trascendió, el caso del Palacio Consistorial cuya construcción, según denuncias, se habría efectuado con sobreprecio.

La fecha fijada para la cita es el 25 de mayo a las 10:00 a.m.

Lo que no ha quedado claro es quiénes estarán presentes además de los cinco concejales, aunque el Ing. Rodríguez, en términos genéricos, dijo que estarán “todos”, pero sin especificar quiénes.

En la sesión del miércoles 21 que, como siempre, no duró ni dos horas, el concejal masista Valerio Rodríguez tímidamente volvió a insistir sobre la necesidad de “esclarecer” el caso, a lo que Ruddy contestó que la convocatoria ya estaba lista. “Como el concejal anticorrupción que dicen que soy, pido, presidente, que de una vez se convoque a sesión extraordinaria”, dijo el munícipe del MAS-IPSP.

Su colega de ASIP, Darwin Flambury, mostró más soltura en su reclamación. “No es suficiente saber que va a haber sesión extraordinaria. Aquí tiene que venir la empresa Rimex [que fue la que construyó el edificio], tiene que venir el alcalde y tienen que venir los técnicos, si no, ¿a quién vamos a hacer las preguntas?, ¿quién nos va a disipar las dudas?”, cuestionó Flambury.

Off the record se ha llegado a saber que en la documentación enviada por el Ejecutivo municipal habría pruebas de sobreprecio en por lo menos uno de los cinco contratos menores que se anexaron al contrato original, que asciende a más de 400.000 bolivianos.

Uno de los concejales opositores habría descubierto igualmente que uno de esos cinco contratistas actualmente ocupa un alto cargo en el Comité Cívico, lo cual despierta sospechas sobre las conexiones políticas que existirían entre la Municipalidad y esta institución.

De prosperar las denuncias que hiciera hace casi dos meses el comunicador social Ronald Bernal, el más afectado podría resultar ser el propio presidente del Concejo ya que esos contratos se suscribieron cuando él era el alcalde. Si así fuera, esto podría desestabilizar la coalición municipal Frente Amplio-MAS de cara a la renovación de la directiva en el Concejo prevista para la primera sesión después del 31 de mayo.

Actualmente el poder municipal en Minero está distribuido de la siguiente manera: la Alcaldía es para el MIR, la Oficialía Mayor para el MAS-IPSP y la presidencia del Concejo para el MNR. El compromiso formal asumido por las partes sería mantener ese equilibrio de poder “pase lo que pase”.