De
acuerdo a datos obtenidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES),
la Alcaldía de Minero contrató al Ing. Napoleón Aguilera Sánchez por el monto
de 199.500 bolivianos para que realice la función de fiscal de obras durante la
ejecución del proyecto mencionado. Según el contrato, el profesional tendrá –entre
varias otras– la tarea de “aprobar certificados de pago y planillas de avances
de obras”. También se le otorga facultades para “aplicar modificaciones en los
volúmenes o montos de los presupuestos”.
Unos días antes, en febrero de 2012, la
cooperativa contrataba al Ing. Edgar Gonzales Ortuño para desempeñar esas
mismas funciones.
Al respecto, la cláusula 5.b) del borrador del
Convenio Interinstitucional suscrita por ambas instituciones señala: “[El
gobierno municipal de Minero se compromete a] efectuar la fiscalización de las
obras conjuntamente con COSMIN”, mientras que la cláusula 5.c) dispone que la
Cooperativa conforme “una instancia responsable del seguimiento
físico-financiero del proyecto” y más abajo se indica que COSMIN “revisará y
validará (o rechazará) el avance de obras”. Si uno hace una lectura literal del
texto, no hay dónde perderse.
El Convenio Interinstitucional, por lo tanto, no otorga al municipio facultades para ejercer la fiscalización física de la
construcción. Se le asigna un papel más que todo de “coordinación”.
En este sentido Cosmin señala documentos que
certifican que recibió autorización oficial del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) para contratar al fiscal de obras, mientras que el municipio habría
recurrido a instancias políticas “superiores”.
La realidad es que la alianza municipal
MIR-MNR-MAS se opone a que Cosmin fiscalice la obra, mucho menos que tenga algo
que decir en la contraparte del 20 por ciento (casi 700 mil dólares) que la
Comuna se comprometió a desembolsar. Es mucho dinero en juego como para ponerlo
a disposición de fiscalizadores intrusos.
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