Masistas, “verdes” y MNR manifiestan posiciones variadas sobre la suerte del gobernador Costas

Benedicto Arancibia en su actual oficina de la Defensoría Municipal de la Niñez.

Carlos Justiniano evita respuestas comprometedoras. “Fue una autonomía impuesta a palos y a patadas”, recuerda Benedicto Arancibia, mientras que Pancho D’Alencar asegura que “el MNR nunca persiguió a opositores políticos con la saña con que se hace ahora”.

Militantes del Frente Amplio y del MAS-IPSP manifestaron posiciones antagónicas pero “adaptadas” a la realidad minereña acerca de la posible suspensión del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por la supuesta malversación de 10 millones de bolivianos en 2008 en la realización del referéndum de los estatutos cruceños.

Resultó difícil encontrar a referentes políticos del ámbito local que puedan referirse al tema sin complejos, más que todo en el Frente Amplio que, como se conoce, está aliado con la agrupación ciudadana Verdad y Democracia Social (VERDES) del gobernador Costas, pero ocurre que también está aliado con el Movimiento al Socialismo acá en Minero.

Algunos militantes de VERDES off the record hicieron conocer su rechazo a lo que llaman “totalitarismo masista” pero pidieron permanecer en el anonimato y fue difícil encontrar a un líder local que pudiera hablar por ellos. O no estaban en sus oficinas o no se dejaron encontrar, aparte que se ha sabido que algunos de estos recibieron obras de la Comuna.

Algunos funcionarios de la Alcaldía que militan en el Frente Amplio dijeron no estar autorizados para emitir opinión, quizás por temor a perder sus empleos en un tema tan delicado, y los pocos que hablaron se cuidaron de decir lo estrictamente necesario, mientras que otros se “adaptaron”, quizás para no incomodar al aliado masista.

El expresidente de Cosmin, Carlos Justiniano, aceptó hablar del tema en calidad de “ciudadano” y no como funcionario municipal, señalando lo siguiente: “El gobierno nacional ha reconocido la autonomía cruceña en la Ley Marco de Autonomías, este proceso tan lindo que fue respaldado por un millón de personas y que va a permitir que Santa Cruz administre sus propios recursos. Pero ahora vemos con extrañeza que [todo este logro] no es reconocido, y más bien se persigue y se quiere enjuiciar a un gobernador elegido por el pueblo para que la autonomía no funcione. No estamos de acuerdo con esto. Pienso que el gobierno nacional más bien debería respaldar el proceso autonómico para que así las regiones puedan prosperar”.

-¿Hay la necesidad de que los que votaron por el Estatuto de Santa Cruz salgan ahora a defender el proceso autonómico?

-La Asamblea Departamental tiene que encargarse de eso, la defensa hay que hacerla en los estrados judiciales y ver que la justicia actúe con justicia y no bajo la influencia política.

-Usted seguramente se siente impotente al ver cómo la maquinaria gubernamental de demolición derroca a gobernadores y alcaldes opositores.

-Así es, [pero lo único que] podemos hacer es dar a conocer nuestra opinión como ciudadanos. Hay instancias legales para hacer la defensa.

También se refirió al asunto el expresidente del Concejo, Benedicto Arancibia, uno de los fundadores del MAS en Minero. El entrevistado recordó las etapas vividas en los años 2008 y 2009 con dos cabildos multitudinarios y el referéndum de los estatutos cruceños, además del alzamiento de las elites de Santa Cruz en contra del gobierno de Evo Morales. “Fue una época crítica. Se impuso una autonomía que vino antes de la Constitución, cuando lo legal hubiera sido que venga después de la Constitución. Puede que haya habido un millón de personas [en un cabildo], pero esa autonomía no era legítima, la impusieron a palos y a patadas, incluso yo fui una de las víctimas como concejal del MAS, hubo atropellos en la plaza 15 de Mayo, aprobaron resoluciones que estaban fuera de la Constitución. Ahora le toca al gobernador asumir esa responsabilidad, por eso lo están imputando. Tendrá que demostrar que el referéndum de los estatutos fue constitucional, pero si se demuestra que hubo malversación de recursos económicos entonces tendrá que rendir cuentas. No hay dónde perderse”.

Entonces procede la suspensión del gobernador Rubén Costas, pregunta el periodista, a lo que Arancibia contesta: “Si hay malversación, cada quien tiene que pagar, purgar, porque infringió la ley al imponer […] un estatuto ilegal”.

-¿El Art. 144 de la Ley Marco de Autonomías que permite la suspensión de autoridades electas es para todos o solo para los opositores?

-Si infringieron la ley, es para todos, incluso para los masistas, y eso se está viendo con algunos masistas que [por sufrir esas consecuencias] se han volcado en contra del proceso de cambio.

Por su parte el exalcalde Francisco D’Alencar en los años 90 consideró que si se consuma la suspensión del gobernador Costas “sería el peor pecado y el peor delito que se pueda cometer contra la democracia”.

Preguntado si opinaba como dirigente del Comando Seccional del MNR, Pancho aclaró que lo hacía como miembro de la estructura departamental de ese partido político. “Esto se venía venir, hay un malestar [en la población], porque se pone en riesgo una democracia que hemos conseguido con mucho sacrificio. Se dice que el MNR en su época también llevaba a cabo persecuciones políticas, pero eran persecuciones que se hacían al interior del partido. El MNR nunca persiguió a opositores políticos con tal saña como se hace ahora”, agrega D’Alencar.

Preguntado qué hará exactamente el MNR en la Asamblea Legislativa Departamental considerando que el emenerrista José Luis Martínez Colombo preside ahora esa entidad del Estado, Pancho prefirió no contestar y pidió que visitemos el sitio del Comando Departamental del MNR en el Facebook. Pero la página está vacía.

Sin embargo, se conoce que Martínez anunció que hará prevalecer el Art. 6 de la Ley Departamental de Suspensión de Autoridades que establece que el gobernador podrá ser suspendido de sus funciones “únicamente cuando se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada privativa de libertad mayor a tres años por la comisión de delitos dolosos”, lo cual contradice el Art. 144 de la Ley Marco de Autonomías que determina que el gobernador “podrá ser suspendido de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra Acusación Formal”.