Las autoridades locales han sentado un nefasto antecedente jurídico en Minero al legitimar que una organización política como la Asociación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” utilice el microbús de la Municipalidad para trasladar a sus militantes a un evento de masas del Movimiento al Socialismo. Documentos oficiales así lo constatan.

Hasta ahora se suponía que los bienes del Estado eran para uso exclusivo del Estado.

La excusa esgrimida por los componentes de la alianza que gobierna el municipio, incluido un concejal “opositor”, ha sido que las señoras bartolinas habían utilizado el vehículo del Estado para ir a defender el proceso de cambio que lleva adelante el presidente Evo Morales Ayma. “Se ha utilizado el micro para ir a defender la democracia”, alegan. O sea, no importan los medios, sino el fin. Había la urgencia de ir a “agradecer” al compañero Evo aunque sea violando el Estatuto del Funcionario Público o la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Bajo esta lógica, en lo inmediato cualquier institución autonomista que tenga personería jurídica podrá solicitar el microbús de la Alcaldía para trasladar a sus prosélitos e ir a defender al gobernador Rubén Costas quien en los días venideros podría ser suspendido de su cargo. Hay jurisprudencia municipal.

No vale la pena mencionar siquiera al protagonista central de este penoso episodio ni a los aliados que se encargan de “limpiar” sus pecados cada vez que el susodicho se mete en líos.

Lo que parece claro es la determinación de la alianza política de seguir en este mismo derrotero, al precio que sea, con la tranquilidad que significa tener la coraza protectora de un régimen gobernante que, tras haber desmantelado las instituciones del Estado, ha copado la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Transparencia y el sistema judicial, instituciones estas con las que los minereños hoy no podemos contar, quedando así el camino expedito para la impunidad. Pero de nada sirve quejarse ya que el proceso de cambio en el que hoy se cobijan neoliberales y autonomistas es "irreversible".

A nadie le importa ya que el hermano de un funcionario municipal haya acaparado las licitaciones públicas o que el hijo de una autoridad electa trabaje en una dependencia del Estado, ni siquiera al concejal que debería estar liderando la lucha contra la corrupción en nuestro pueblo. El silencio es su única respuesta. A ese paso acabaremos dándoles la razón a esos concejales innombrables que suelen afirmar que en Minero “las costumbres se hacen leyes” como una forma de disimular su total falta de visión.

Sin embargo, nada en esta vida es para siempre. Algún día –Dios así lo quiera– se darán condiciones democráticas para la aplicación de la justicia verdadera, para que nunca más ninguna autoridad se burle de la ley y que con total cinismo todavía siga levantando el nombre del “compañero Evo” como si nada hubiera pasado.